CEAV rechaza el abuso en los precios de los carburantes tras la
bajada del IVA por las consecuencias de la guerra de Irán

La Confederación Estatal de Asociaciones Vecinales (CEAV) denuncia el abuso
que se está produciendo en los precios de los carburantes tras la bajada del IVA
aprobada por el Gobierno mediante el decreto de medidas económicas y
sociales adoptado como consecuencia de la crisis internacional provocada por
la guerra ilegal llevada a cabo por Trump y Netanyahu en Irán.

La rebaja del IVA tenía como objetivo aliviar el gasto de las familias, reducir el
impacto del aumento del coste de la energía y frenar la subida generalizada de
precios. Sin embargo, estamos viendo, como ha denunciado la asociación de
consumidores FACUA, que una de cada cuatro gasolineras ha subido los precios coincidiendo con la entrada en vigor de la medida, lo que en la práctica puede
suponer que la rebaja fiscal acabe aumentando los márgenes empresariales y
tenga un impacto mucho menor en la ciudadanía del que perseguía esta medida.

Desde el movimiento vecinal consideramos esta situación inaceptable. No se
puede permitir que medidas públicas destinadas a proteger a la población
acaben siendo aprovechadas por determinadas empresas para incrementar sus
beneficios. Cuando el dinero público o las rebajas fiscales no llegan a la
ciudadanía porque alguien se las queda por el camino, estamos ante un
problema político y social que debe ser corregido por las administraciones
públicas.

Esta situación vuelve a poner sobre la mesa un debate de fondo: no puede ser
que sectores estratégicos como la energía o los combustibles funcionen
únicamente bajo la lógica del beneficio empresarial cuando afectan directamente
al coste de la vida, al transporte, al empleo y al precio de todos los productos
básicos. El precio del combustible no es un asunto menor; es un elemento central
de la economía cotidiana de millones de familias trabajadoras.

La CEAV coincide con las medidas planteadas por la asociación de
consumidores FACUA, que ha denunciado estas subidas de precios y ha
reclamado mecanismos de control para evitar que las empresas se apropien de
las rebajas fiscales o ayudas públicas. Consideramos que es necesario reforzar
la vigilancia sobre los precios de los carburantes, investigar posibles subidas
injustificadas y establecer mecanismos de control de precios en situaciones
excepcionales como la actual.

Las administraciones públicas no pueden limitarse a aprobar ayudas o rebajas
fiscales; deben garantizar que esas medidas llegan realmente a la población. Si
no hay control, las medidas sociales pueden acabar convirtiéndose en beneficios
empresariales pagados por todos. Cuando el mercado falla y se producen
abusos, la obligación de las administraciones es intervenir para defender el
interés general.

El movimiento vecinal lleva años denunciando que el encarecimiento de la
energía, la vivienda, los alimentos y el transporte está provocando una pérdida
continuada de poder adquisitivo de la mayoría social, mientras determinados
sectores económicos siguen aumentando sus beneficios. Esta situación genera
desigualdad, empobrecimiento y dificulta la vida cotidiana en nuestros barrios.

Por ello, la CEAV reclama:
• Un refuerzo del sistema público de seguimiento y control de los precios
de los carburantes existente, dependiente en la CNMC, con un periodo de
aplicación mayor.
• La investigación de posibles prácticas abusivas o concertadas en la
subida de precios y la consideración de las subidas de precio
injustificadas como infracción muy grave según el artículo 110 de la Ley
34/1998, debida a la apropiación de las rebajas fiscales destinadas a la
ciudadanía.
• La recogida en un texto legislativo de mecanismos de control de precios
en situaciones excepcionales que puedan darse en un futuro.

Permitir abusos en los carburantes significa encarecer la vida de toda la
población, encarecer el transporte, encarecer los alimentos y aumentar las
dificultades económicas de las familias. Por eso, este no es sólo un problema de
consumidores, sino un problema social que afecta al conjunto de la ciudadanía.

Las medidas sociales deben servir para proteger a la ciudadanía, no para
aumentar los beneficios de unas pocas empresas. La salida a las crisis que
comenzamos a afrontar no puede volver a hacerse a costa de la mayoría social,
mientras unos pocos aumentan sus márgenes de beneficio mediante el abuso al
consumidor final.

Confederación Estatal de Asociaciones Vecinales (CEAV)